Boletín de asuntos tributarios de interés: mayo de 2022

1. NORMATIVA

Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por el que se modifica del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002

El pasado 9 de junio, el Congreso aprobó el Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, remitiéndolo al Senado para su tramitación.

De acuerdo con la Nota de prensa, entre las medidas que recoge para fomentar los planes de pensiones se encuentran la creación de un fondo de pensiones de empleo de promoción pública gestionado por el sector privado y la extensión de la población cubierta por dichos planes. Asimismo, busca establecer un proceso de simplificación en las categorías de planes de pensiones existentes e incluye los planes de pensiones de empleo e individuales, planes de pensiones asociados.

Además de lo anterior, incluye como medida adicional de fomento, el diseño de un incentivo fiscal dirigido a impulsar instrumentos colectivos que beneficien especialmente a las rentas medias y bajas e incorpore a los jóvenes, además de limitar los costes de gestión de los planes de empleo.

Esta norma cerrará el proceso de modificación de la regulación de los sistemas de previsión social iniciado con la aprobación de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, cuyo artículo 62.1. modificó los apartados 5 y 7 del artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (“LIRPF”), con efectos para los ejercicios iniciados el 1 de enero de 2021 y continuado con la nueva modificación que la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, introdujo en el mismo apartado 5 del artículo 51 de la LIRPF. 

Recordemos que, como consecuencia de dichas modificaciones, desde el 1 de enero de 2022:

  • El conjunto de las aportaciones anuales máximas realizadas a los sistemas de previsión social que pueden dar derecho a reducir la base imponible del IRPF son:
    1. 1.500 euros;
    2. 8.500 euros en caso de contribuciones empresariales o de aportaciones de trabajador al mismo instrumento de previsión social por importe Igual o superior a la respectiva contribución empresarial. A estos efectos, las contribuciones aportadas por la empresa que deriven de una decisión del trabajador tienen la consideración de aportaciones del trabajador;
    3. 5.000 euros para seguros colectivos de dependencia contratados por empresas. Este límite es adicional al anterior para las primas satisfechas por la empresa.
  • El límite máximo conjunto reducible de la base imponible para el conjunto de las aportaciones a los sistemas de previsión es la menor de las cantidades siguientes:
    1. el 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio.
    2. 1.500 euros anuales, incluyendo tanto aportaciones a sistemas individuales como de empleo, así como contribuciones empresariales a sistemas de empleo; siendo posible que el trabajador realice aportaciones a su sistema de previsión social de empleo, sin necesidad de estar condicionadas a la realización de contribuciones empresariales;
    3. El límite se incrementa en 8.500 euros adicionales, en caso de contribuciones empresariales o de aportaciones de trabajador al mismo instrumento de previsión social por importe igual o inferior a la respectiva contribución empresarial.  Las cantidades aportadas por la empresa que deriven de una decisión del trabajador tienen la consideración de aportaciones de este último.
    4. además, 5.000 euros anuales para las primas a seguros colectivos de dependencia satisfechas por la empresa.
    5. También puede aportarse a favor de los sistemas de previsión social del cónyuge hasta un límite máximo de 1.000 euros.

La nueva propuesta de modificación que contiene el Proyecto de Ley vuelve a afectar al apartado 1 del artículo 52 en el siguiente sentido:

  1. Mantiene los límites del 30% y 1.500 euros citados en las letras a y b anteriores;
  2. En cuanto al límite adicional de 8.500 euros, se contempla siempre que la aportación sea igual o inferior al resultado de aplicar una serie de coeficientes (entre el 2,5 y el 1) a la contribución empresarial, en función de que la misma sea igual o inferior a 500 euros, superior a 500 euros hasta 1.000 euros; entre 1.001 euros y 1.500 euros o superior a 1.500 euros (coeficiente 1).
    El coeficiente 1 se aplicará igualmente cuanto el trabajador obtenga en el ejercicio rendimientos íntegros del trabajo superiores a 60.000 euros procedentes de la empresa que realiza la contribución.
  3. Se incorpora un límite adicional de 4.500 euros anuales, cuando el incremento provenga de aportaciones a los nuevos planes de pensiones de empleo simplificados de trabajadores por cuenta propia o autónomos o de aportaciones que el propio empresario individual realice a planes de pensiones de empleo de los que sea promotor y partícipe.  
  4. En todo caso, el importe máximo de la reducción que resulte de la aplicación de estos dos incrementos contemplados en la norma será de 8.500 euros anuales.
  5. Se suprime la mención a la aportación a planes del cónyuge.

2. CRITERIOS ADMINISTRATIVOS Y JURISPRUDENCIALES

  1. Impuesto sobre Sociedades

Contraviene la Directiva 90/345 cualquier normativa interna con arreglo a la cual una sociedad matriz que redistribuya beneficios de sus filiales deba practicar un ingreso a cuenta siempre que supere el límite máximo del 5%

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) (asunto C-556/20), analiza en su sentencia la petición de decisión prejudicial planteada en el contexto de un litigio entre, por un lado, Schneider Electric SE, Axa SA, BNP Paribas SA, Engie SA, orange SA y L’Air Liquide y, por otra parte, el Primer ministro francés, y el Ministro de Economía, en relación con un recurso dirigido a obtener la anulación de los comentarios administrativos relativos al ingreso a cuenta respecto de los rendimientos de capital mobiliario del artículo 223 sexíes del Código General Tributario francés.

El TJUE, tras analizar el contenido del artículo 1, 4, 5, 6 y 7 de la Directiva 90/435, así como los preceptos relevantes de la normativa francesa, concluye:

  1. En relación con la interpretación del artículo 4, apartado 1 de la Directiva, basada en jurisprudencia del propio órgano, entiende que debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional con arreglo a la cual una sociedad matriz que redistribuya entre sus accionistas beneficios que ha percibido de sus filiales debe practicar un ingreso a cuenta, con el consiguiente reconocimiento de un crédito fiscal, cuando esos beneficios no hayan soportado el impuesto sobre sociedades al tipo general, siempre que las cantidades adeudadas por dicho concepto de ingreso a cuenta traspasen el límite máximo del 5 % previsto en el artículo 4, apartado 2, de la citada Directiva.
  2. Por lo que respecta al artículo 7, apartado 2 de la Directiva, el TJUE concluye, en síntesis:
    • En primer lugar, si no puede estar comprendido en el artículo 7.2 de la Directiva un gravamen que elimine la eficacia de las disposiciones nacionales dirigidas a suprimir o atenuar la doble imposición económica de los dividendos, no puede estar comprendido a fortiori en esa disposición un gravamen cuya aplicación llevaría aparejada tal doble imposición;
    • En segundo lugar, la Directiva pretende eliminar toda penalización de la cooperación entre sociedades de Estados miembros diferentes con relación a la cooperación entre sociedades de un mismo Estado miembro y evitar una doble imposición económica de los beneficios distribuidos por una filial y percibidos por su sociedad matriz en la tributación de esta última, es decir, evitar que los beneficios distribuidos sean gravados una primera vez en la filial y una segunda vez en la sociedad matriz. Por consiguiente, un mecanismo que tiene por efecto someter los beneficios percibidos por una sociedad matriz de sus filiales residentes en un Estado miembro distinto del Estado miembro en cuestión a una doble imposición económica en el momento que se redistribuyen tampoco es conforme con la finalidad de la Directiva.
    • Por último, es verdad que las sociedades matrices tienen derecho a obtener la devolución de los importes tales que garanticen la aplicación de un mismo régimen fiscal a los dividendos distribuidos por sus filiales residentes en Francia y a los distribuidos por sus filiales residentes en otros Estados miembros, que sean objeto de una redistribución por dichas sociedades matrices, como exigen los artículos 49 y 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (“TFUE”). De conformidad con las indicaciones del órgano jurisdiccional remitente, esta devolución reviste la forma de un crédito de impuesto reconocido por la jurisprudencia. Ahora bien, la aplicación de una normativa que tiene por efecto someter los beneficios percibidos por una sociedad matriz de sus filiales residentes en otro Estado miembro a una doble imposición económica en el momento en que se redistribuyen no puede considerarse compatible con el objetivo de la Directiva, aun cuando los efectos de esa doble imposición puedan eventualmente atenuarse mediante una ulterior solicitud de devolución de los importes pagados indebidamente, basada en la incompatibilidad de dichos pagos con los artículos 49 y 63 del TFUE.

De acuerdo con todo lo anterior, establece el TJUE que el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 90/435 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional con arreglo a la cual una sociedad matriz que redistribuya entre sus accionistas beneficios que ha percibido de sus filiales debe practicar un ingreso a cuenta, con el consiguiente reconocimiento de un crédito fiscal, cuando esos beneficios no hayan soportado el impuesto sobre sociedades al tipo general, siempre que las cantidades adeudadas en dicho concepto de ingreso a cuenta traspasen el límite máximo del 5 % previsto en el artículo 4, apartado 2, de la citada Directiva. Tal normativa no está comprendida entre las disposiciones a las que se refiere el artículo 7, apartado 2, de dicha Directiva.

  1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

a) La cesión de uso de un vehículo por una sociedad a sus socios tributa como rendimientos de capital mobiliario

En su sentencia de 27 de abril de 2022, el Tribunal Supremo (“TS”) analiza las implicaciones derivadas de la cesión del uso de vehículos por parte de una sociedad a sus socios y, en particular, su calificación jurídico-tributaria en sede del socio y las reglas de valoración de dichos rendimientos.

En este caso, el recurso de casación se dirige contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (“TSJA”) contra una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional (“TEAR”) de Andalucía que se anuló en parte, dejando sin efecto una  liquidación del IRPF de 2012 y la sanción derivada de la misma de las que trajo causa. La recurrente puso de manifiesto la improcedencia de calificar como rendimiento del trabajo en especie la puesta a disposición de diversos vehículos por parte de la sociedad, de los que era titular, aduciendo que como socio y administrador no mantiene ningún vínculo laboral o análogo, por lo que debió calificarse en todo caso como rendimiento del capital mobiliario, procediendo a valorar dicha utilidad de conformidad con los criterios valorativos establecidos para las operaciones vinculadas y no con arreglo al régimen de valoración de rendimientos del trabajo en especie. En este caso, la sentencia de instancia calificó la puesta a disposición como un rendimiento del capital mobiliario en especie, considerando procedente su valoración como rendimiento del trabajo en especie.

Teniendo en cuenta lo anterior, el TS concluye:

  1. De conformidad con el apartado primero del artículo 25 de la Ley del IRPF, califican como rendimientos del capital mobiliario los obtenidos por la participación en los fondos propios de cualquier tipo de entidad, incluidos, entre otros, los previstos en el apartado d), es decir, cualquier utilidad, distinta de las anteriores, procedente de una entidad por la condición de socio (…). Dada la amplitud de lo anterior, el TS concluye que se podrá calificar como rendimiento del capital mobiliario la puesta a disposición por parte de la sociedad en favor del socio de los vehículos de los que sea titular, toda vez que constituye una ventaja o utilidad para el socio.
  2. Por lo que respecta a las reglas de valoración de tales rendimientos del capital mobiliario en especie, se remite a su reciente sentencia núm. 157/2022, de 9 de febrero, rec. 4769/2020, en la que analiza la valoración de la utilización por un socio de determinados bienes de la sociedad (embarcación, vehículos, inmuebles, etc.). Concluye que deberá valorarse la operación en cuestión a valor de mercado, de conformidad con el artículo 41 de la Ley del IRPF, no resultando de aplicación por consiguiente las reglas de valoración del artículo 43 de dicha Ley, en la medida en la que el apartado primero de este último artículo establece que las rentas en especie se valorarán por su valor normal en el mercado, sin perjuicio de introducir una serie de especialidades en la valoración de los rendimientos del trabajo en especie y de las ganancias patrimoniales en especie, entre las que no se encuentran los rendimientos de capital mobiliario en especie.

b) Requisitos para que el perceptor de rentas sobre las que no soportó retención se deduzca una cantidad que no se le retuvo pero que se debió haber retenido

El Tribunal Económico-Administrativo Central (“TEAC”) analiza en su resolución de 26 de abril de 2022 los requisitos para que el perceptor de rentas sobre las que no soportó retención se deduzca una cantidad que no se le retuvo pero que se debió haber retenido.

En el supuesto objeto de análisis, los hechos traen causa de la liquidación provisional practicada por la Administración por el IRPF del ejercicio 2010 del contribuyente, de la que resultó una deuda tributaria de 152.720,21 euros (125.130,00 euros correspondientes a la cuota y 27.590,21 euros a los intereses de demora. Dicha regularización trae causa de no considerarse exenta del IRPF la cantidad de 485.000 euros percibida por el contribuyente de una sociedad en concepto de indemnización por despido, al entender la Inspección que en aquel cese de la relación laboral medió el acuerdo de las partes, no siendo aplicable la exención contenida en el artículo 7.e) de la Ley del IRPF.

Frente al acuerdo, formuló el sujeto pasivo reclamación económico-administrativa ante el TEAR, que confirmó el acuerdo dictado por la Inspección al entender que la valoración conjunta de los indicios aportados por la Inspección (indemnización de cuantía inferior a la legalmente debida, posterior acceso del contribuyente a la situación de jubilación y que éste renunciara días antes como representante de los trabajadores), acredita que en aquel cese de la relación laboral medió el acuerdo de las partes.

Frente a dicho acuerdo, formuló recurso de alzada el contribuyente ante el TEAC, en base a las siguientes alegaciones:

  1. El relato de la Inspección es artificioso, con la única finalidad de hilvanar supuestos indicios extremadamente forzados, orientados a sujetar a tributación la indemnización.
  2. Errónea aplicación de la prueba de presunciones.
  3. No percibió en el último año un salario de 129.727,05 euros, como sostiene la Inspección, sino de 192.984,74 euros; es falso que la indemnización percibida por el recurrente sea inferior a la legalmente debida; (…)  5) es falso que el contribuyente presentara su dimisión o cese como representante de los trabajadores con carácter previo a su despido o que no haya pruebas documentales que pudieran justificar el despido; 6) en un escenario legislativo poco preciso, la expectativa de jubilación del contribuyente (58 años de edad al tiempo de ser despedido) no se alcanza hasta los 65 años; 7) de haber existido pacto o acuerdo previo, la Seguridad Social no habría concedido al contribuyente el subsidio por desempleo; (…)  9) no corresponde al empleado justificar eventuales acciones y omisiones erráticas, arbitrarias o ilegales de la empleadora.
  4. Subsidiariamente, de no resultar procedente aquella exención, habrá de estarse a lo dispuesto por el artículo 99.5 de la ley del IRPF y elevar a íntegro aquella renta de 485.000 euros (653.638,81 euros), deduciendo la correspondiente retención no practicada (168.638,81 euros). Practicada así nueva liquidación, resulta una cuota tributaria a devolver de 31,66 euros.

De acuerdo con lo anterior, el TEAC concluye, en relación con los requisitos para que el perceptor de rentas sobre las que no soportó retención se deduzca una cantidad que no se le retuvo, pero que se debió haber retenido, que son necesarios los siguientes:

  1. Que este derecho se ejercite en la propia autoliquidación, en la que el perceptor haya declarado el rendimiento íntegramente percibido en modo tal que esté sujeto a retención.
  2. Que “la retención no se hubiera practicado o lo hubiera sido por un importe inferior al debido, por causa imputable exclusivamente al retenedor u obligado a ingresar a cuenta”, según indica el precepto legal.
  3. Que no haya prescrito el derecho de la Administración a practicar liquidación en sede de la pagadora por el concepto Retenciones IRPF. Lo contrario supondría un enriquecimiento injusto para el perceptor.
  1. Impuesto sobre el Incremento de Valor de las Terrenos de Naturaleza Urbana

El valor de adquisición no puede incrementarse por gastos o tributos que graven la operación de adquisición ni actualizarse conforme al IPC o cualquier otro índice

La Dirección General de Tributos (“DGT”), en su Resolución a Consulta Vinculante V0881-22, de 26 de abril, analiza la cuestión planteada por un consultante que va a vender un piso que adquirió por compraventa en 2005. Al respecto y, de cara a realizar el cálculo por estimación «real» del IIVTNU, plantea si podría aplicar al valor de adquisición inicial el incremento producido por la inflación acumulada en el periodo de tenencia del inmueble o, alternativamente, deflactar el precio de la venta por aplicación de dicha inflación.

Al respecto, la DGT parte del contenido del artículo 104.5 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (“TRLRHL”), que dispone que no se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición. A estos efectos, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la adquisición. Añade en el párrafo tercero que, para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.

A continuación, se remite a la nueva redacción del artículo 107 dada por el Real Decreto-Ley 26/2021 que, en el apartado quinto, indica que Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido en el artículo 104.5, se constate que el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor. Al respecto, el artículo 104.5 dispone que se deberá tomar el mayor valor entre el que conste en el título que documento la operación o el comprobado por la Administración.

De esta forma, la DGT concluye que se deberá tomar como valor de adquisición del terreno el que conste en el título que documente tal adquisición (por lo general, la escritura pública de adquisición), aplicando, en su caso, la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total; salvo que el valor comprobado por la Administración tributaria sea mayor,  sin que se pueda incrementar dicho valor de adquisición en el importe de los gastos o tributos que graven la operación de adquisición ni actualizar dicho valor de adquisición con el IPC o cualquier otro índice referido al período de tiempo de tenencia del bien inmueble.

Finaliza añadiendo que la ley reguladora del IIVTNU no permite la actualización del valor de adquisición del terreno, ya sea con el IPC o cualquier otro índice. Y tampoco permite la deflactación del valor de transmisión. A su vez, se remite a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en su sentencia 1689/2020, de 9 de diciembre de 2020 y al criterio de la sentencia 1470/2020, que fija la siguiente doctrina:

La doctrina que ha de ser fijada, en respuesta a la cuestión con interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia que nos suscita el auto de admisión del presente recurso de casación, es que, para calcular la existencia de un incremento o de una disminución del valor de los terrenos en el IIVTNU, a los efectos del artículo 104.1 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, no cabe actualizar el valor de adquisición de tales terrenos conforme al Índice de Precios al Consumo o conforme a algún otro mecanismo de corrección de la inflación.

  1. Ley General Tributaria y normativa de desarrollo
  1. La actuación revisora sobre una empresa aparente debe encuadrarse en los preceptos de la LGT sobre calificación, simulación o conflicto en la aplicación de la norma

El Tribunal Económico-Administrativo Regional de Canarias (“TEAR de Canarias”), en Resolución de 29 de abril de 2022, determina que procede anular la Liquidación y Acuerdo sancionador correspondiente, dictada por la Administración de La Palma de la Delegación de la AEAT de Santa Cruz de Tenerife, por el concepto Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y Actos del Procedimiento Sancionador, del ejercicio 2018, concluyendo que la actuación revisora sobre una empresa aparente debe encuadrarse en los preceptos de la Ley General Tributaria (“LGT”) sobre calificación, simulación o conflicto en la aplicación de la norma. En este sentido, considera el TEAR de Canarias que el artículo 13 de la LGT no permite, en supuestos como el examinado, que la Inspección de los tributos pueda desconocer actividades económicas formalmente declaradas por personas físicas, con intención de atribuir las rentas obtenidas a una sociedad que realiza la misma actividad económica que aquéllas, por considerar que la actividad económica realmente realizada era única y correspondía a esa sociedad, bajo la dirección efectiva de su administrador y, finalmente, recalificar como rentas del trabajo personal las percibidas por las mencionadas personas físicas.

  1. La presentación de una segunda solicitud de aplazamiento o fraccionamiento dentro del plazo de pago establecido en el artículo 42.2. del RGRVA impide el inicio del periodo ejecutivo

El TEAC, en reciente Resolución de 19 de abril de 2022, establece si criterio sobre si, en un supuesto en el que el contribuyente presentó una solicitud de aplazamiento de pago tras ser denegada la de suspensión de la ejecución de la deuda, dicha solicitud debe considerarse planteada dentro del período voluntario con los efectos que para dichas solicitudes establece el art. 65.5 de la LGT Ley o si, por el contrario, su planteamiento no debía impedir el inicio del período ejecutivo y la consecuente exigencia de la deuda en vía de apremio.

Para resolver esta cuestión, el TEAC menciona la doctrina que recientemente ha sentado el Tribunal Supremo, en sentencia de 28 de octubre de 2021, en relación con el planteamiento, dentro del plazo de pago establecido en el art. 62.2 de la Ley LGT abierto con la notificación de un acuerdo denegatorio de la una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de pago, de una nueva solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de pago de la misma deuda. En ella se establece que la solicitud reiterada de aplazamiento o fraccionamiento de pago en período voluntario que resultó denegada anteriormente impide el inicio del período ejecutivo antes de que venzan los plazos previstos en el art. 62.2 de la LGT. En todo caso, la solicitud reiterada de aplazamiento o fraccionamiento de pago en período voluntario debe ser resuelta por la Administración antes de que esta inicie el procedimiento de apremio.

En el presente caso, sin embargo, no se solicitó el fraccionamiento para el pago de la deuda tras un previo acuerdo denegatorio de una anterior solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de pago de la misma, sino tras la notificación de un acuerdo denegatorio de una solicitud de suspensión planteada dentro del período voluntario conforme a lo dispuesto en el art. 44 del Reglamento de desarrollo de la LGT en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo (“RGRVA”).

Pues bien, el TEAC concluye que, al igual que la presentación de una segunda solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de pago dentro del plazo del art. 62.2 de la LGT, abierto de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.4 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de  29 de julio (“RGR”) impide el inicio del período ejecutivo conforme a lo dispuesto en el art. 65.5 de la LGT, la conclusión no puede ser más que la misma cuando dicha solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se plantea dentro del plazo de pago establecido en el art. 42.2 del RGRVA. Como consecuencia de esta interpretación, el TEAC resuelve que la providencia de apremio impugnada debe ser anulada  por haber sido dictada estando pendiente de resolución una solicitud de fraccionamiento de pago planteada, según se reconoce en la resolución recurrida, dentro del plazo de ingreso establecido en el art. 62.2 de la LGT, abierto con la notificación de un acuerdo de denegación de solicitud de suspensión planteada con aportación de otras garantías y dentro del período voluntario de pago de la deuda.

  1. El consentimiento para la entrada en domicilio no es válido si el contribuyente no ha sido informado sore su derecho a oponerse a dicha entrada

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias –“TSJ de las Islas Canarias”- (Sede Santa Cruz de Tenerife), de 1 de julio de 2021, dictada en el recurso 365/2021 recuerda un aspecto esencial relativo a la validez del consentimiento prestado por el contribuyente para la entrada en el domicilio constitucionalmente protegido.

En la sentencia, el TSJ de las Islas Canarias anula una sanción por la resistencia y negativa a permitir el acceso al programa de contabilidad y de gestión del contribuyente, con motivo de la entrada y registro en su domicilio social y fiscal mediante autorización administrativa.

En este caso, la administradora de la entidad prestó su consentimiento para la entrada al local, pero se opuso al acceso a los registros contables y de actividad. A juicio de la Sala, el consentimiento eficaz para el acceso a un domicilio constitucionalmente protegido está condicionado a que se informe al interesado sobre su derecho a negarse u oponerse a la entrada y registro. El anexo de derechos y obligaciones entregado a la recurrente menciona el «poner a disposición de la inspección para su examen documentos, libros, contabilidad principal y auxiliar, ficheros», «permitir la entrada de la Inspección en las condiciones fijadas reglamentariamente» y, «cuando sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario, deberá obtenerse su consentimiento o la oportuna autorización judicial». La Sala considera que la recurrente no fue debidamente informada de su derecho a oponerse a la entrada y registro, por lo que no cabe sancionarla por el entorpecimiento u obstrucción a la actuación inspectora, pues se pretendió el examen de la contabilidad en la sede de la recurrente sin informarle debidamente de su derecho a oponerse a la entrada y registro.

  1. Informe de la AEAT sobre el conflicto en la aplicación de la norma en el caso de una Comunidad de Bienes

La AEAT, a efectos de lo dispuesto en el artículo 206.bis de la LGT y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 194.6 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, ha publicado el informe emitido por la Comisión Consultiva sobre conflicto en la aplicación de la norma relativo a determinada  Comunidad de Bienes.

Concretamente, en el informe se declara que concurre un supuesto de conflicto en la aplicación de la norma tributaria en un caso de interposición de una Comunidad de Bienes como arrendadora de unos locales, de forma sobrevenida, en un momento cercano a la finalización de la obra de reforma de los mismos. Los locales se arriendan por un valor inferior al de mercado a uno de los dos comuneros, que desarrolla una actividad profesional exenta de IVA que no genera derecho a deducción. Tras analizar las circunstancias concurrentes se concluye que de la operación no resulta ningún efecto económico relevante distinto del ahorro fiscal, esto es, la deducción íntegra de las cuotas soportadas de IVA por la reforma y acondicionamiento de los locales afectos exclusivamente a la actividad exenta del comunero.