La ineficiencia de las medidas dirigidas a obtener una efectiva eficiencia procesal

El Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, publicado el pasado mes de diciembre, contiene, en su Disposición final segunda, una controvertida modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF). Concretamente, conforme a dicha modificación, con carácter general, quedarían sometidas a tributación las indemnizaciones por responsabilidad civil satisfechas por las aseguradoras a quienes hubieran padecido los daños físicos o psíquicos.

De conformidad con la normativa en vigor (apartado d) del artículo 7 de la LIRPF), las indemnizaciones recibidas como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales están exentas, en la cuantía legal o judicialmente reconocida. Pues bien, de aprobarse la modificación que contiene el Anteproyecto en su Disposición final segunda, las indemnizaciones que reciba un perjudicado por este tipo de daños quedarán sometidas a tributación cuando deriven de un acuerdo de mediación o cualquier otro medio de solución de controversias legalmente establecido cuando no haya intervenido un tercero neutral y/o no se haya formalizado el acuerdo en escritura pública. Es decir, para que queden exentas las indemnizaciones pactadas en un acuerdo de mediación o cualquier otro medio de solución de controversias legalmente establecido, será requisito indispensable que haya mediado un tercero neutral y que, además, el acuerdo se formalice en escritura pública.  En caso de que se cumplan ambos requisitos, el importe exento será, como máximo, el que corresponda a la cuantía que resulte de aplicar al daño en cuestión el sistema de valoración de daños y perjuicios previsto en el anexo del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguros en la circulación de vehículos a motor.

Así, si esta modificación se incorpora en el texto legislativo que se apruebe de forma definitiva, conllevará un incremento de los procedimientos judiciales y, en consecuencia, una dilatación de la resolución de este tipo de controversias, al eludirse la resolución por la vía amistosa transaccional, con el fin de evitar la tributación de las indemnizaciones resultantes de las mismas en sede de los damnificados. Ello es, sin duda, contrario al espíritu de la norma proyectada. No en vano, la aplicación de la exención a las indemnizaciones derivadas de acuerdos amistosos requerirá afrontar los gastos derivados de la intervención de un tercero (mediador o árbitro) neutral. Con carácter adicional, la formalización del acuerdo en escritura pública conllevará los gastos correspondientes de intervención de un Notario Público, así como los impuestos asociados al otorgamiento de una escritura pública cuyo objeto directo es una cosa valuable (la indemnización); concretamente, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad de Actos Jurídicos Documentados -AJD-, documentos notariales. 

En definitiva, como se ha indicado, esta modificación normativa produciría el efecto contrario al que, supuestamente, persigue la nueva Ley, dado que, con seguridad, condicionará el desarrollo normal y usual de los procedimientos judiciales, donde las partes se verán abocadas a la resolución del conflicto a través de una sentencia y no, como en numerosas ocasiones acontece y resulta conveniente, mediante un acuerdo amistoso.

Lo anterior, además de suponer una clara limitación de la voluntad de las partes, en cuanto a la elección del curso del procedimiento y el momento de su terminación; así como un perjuicio para sus derechos, al verse dilatada en el tiempo la obtención de la reparación de los daños sufridos; produciría una mayor saturación de los juzgados y tribunales españoles, empujados a resolver los procedimientos en su fase final.

Desde la perspectiva fiscal, el tenor de la modificación proyectada es contrario al espíritu del sistema impositivo español, en el que las indemnizaciones gozan de un especial tratamiento, al no estar vinculadas a la prestación de servicios o la generación de riqueza sino, más bien al contrario, a la compensación de un daño (pérdida) padecida por el perceptor.

En consecuencia, sería razonable y esperable que el texto del Anteproyecto se vea modificado en este punto, principalmente, con el fin de alcanzar una auténtica eficiencia procesal, frente a una finalidad eminentemente recaudatoria.