Boletín de asuntos tributarios de interés: julio de 2021

Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego

La finalidad de esta Ley es doble, pues por un lado tiene por objeto incorporar el Derecho de la Unión Europea al ordenamiento interno en el marco de las prácticas de elusión fiscal y, por otro lado, introducir cambios que permitan asentar unos parámetros de justicia tributaria y facilitar actuaciones tendentes a prevenir y luchar contra el fraude, reforzando así el control fiscal.

A estos efectos, y teniendo en cuenta los avances tecnológicos, la globalización económica o los nuevos modelos de negocio, la prevención y lucha contra el fraude fiscal exigen de una estrategia integral que hace necesario asimismo un marco legal apropiado que implica dotar a la Administración Tributaria dotada de los medios necesarios para optimizar resultados.

Como consecuencia de lo anterior, se incorpora a nuestro ordenamiento esta Ley, cuyas principales modificaciones afecta a las siguientes normas:

1) Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (“LGT”): en relación con la LGT, las cuestiones más relevantes que han sido objeto de modificación o actualización han sido las siguientes:

  • Se prohíben las amnistías fiscales, es decir, el establecimiento de cualquier instrumento extraordinario de regularización fiscal que pueda suponer una minoración de la deuda tributaria devengada de acuerdo con la normativa vigente.
  • Se reconoce expresamente que no se devengarán intereses a favor del obligado tributario en las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y de ingresos indebidos durante determinados periodos (dilaciones no imputables a la Administración tributaria y periodos de extensión del plazo en el procedimiento inspector).
  • Recargos por extemporaneidad: se establece un nuevo sistema de recargos por extemporaneidad, partiendo de un recargo del 1% el primer mes, mas otro 1% adicional por cada mes completo de retraso sin sanciones ni intereses de demora. En caso de realizar la presentación de la autoliquidación transcurridos doce meses desde la finalización del periodo voluntario de presentación, el recargo será del 15% excluyendo igualmente las sanciones que pudieran exigirse, pero no los intereses de demora, que se exigirán por el periodo desde el día siguiente a los doce meses posteriores a la finalización del periodo voluntario de presentación hasta el momento de la presentación de la declaración.
  • No se exigirán los recargos del artículo 27.2 LGT si el obligado tributario regulariza, mediante la presentación de una declaración o autoliquidación correspondiente a otros períodos del mismo concepto impositivo, unos hechos o circunstancias idénticos a los regularizados por la Administración, siempre que sea sea en un plazo de seis meses desde la notificación de la liquidación y no la haya recurrido, se produzca el reconocimiento completo y pago de las cantidades resultantes de la declaración rectificada y no se presente en relación con esta solicitud de rectificación recurso o reclamación contra la liquidación dictada por la Administración.
  • Se establece un régimen transitorio en virtud del cual el nuevo sistema de recargos resultará aplicable a aquellos recargos exigidos con anterioridad al 11 de julio de 2021, siempre que resulten más favorables para el obligado tributario y el recargo no haya adquirido firmeza.
  • Se incorpora una obligación formal consistente en la obligación de que los sistemas y programas informáticos que soporten los procesos contables, de facturación o gestión empresarial se ajusten a determinados requisitos que aseguren la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin alteraciones de las que no quede el debido registro en los sistemas. Esta obligación entrará en vigor el 11 de octubre de 2021 y se incorpora un régimen sancionador específico que, en síntesis, se divide en:
    1. Infracción tributaria grave de fabricación, producción y comercialización de sistemas o programas informáticos que soporten los procesos contables, de facturación o gestión por personas o entidades que desarrollen actividades económicas siempre que se den determinados requisitos. Se sanciona con multa pecuniaria de 150.000 euros por ejercicio en el que se hayan producido ventas y por cada tipo distinto de programa o sistema.
    2. Infracción tributaria grave de tenencia de los sistemas o programas informáticos, cuando no están debidamente certificados a pesar de la obligación reglamentaria o cuando se modifique dispositivos certificados. Se sanciona con multa pecuniaria fija de 50.000 por cada ejercicio.
  • Se adapta el régimen de representación de no residentes al Derecho de la Unión Europea.
  • Se incluye la posibilidad de adoptar medidas cautelares durante la tramitación de procedimientos de suspensión (con otras garantías o bien con dispensa).
  • En relación con la lista de deudores se disminuye a 600.000 euros el importe cuya superación conlleva la inclusión en dicha lista, se incluye a los responsables solidarios (junto a deudores principales), se clarifican cuestiones relativas al periodo en el que se deben satisfacer las deudas y sanciones tributarias para que no se consideren a los efectos de incorporarlos en la lista y se permite a aquellos deudores incluidos en el listado ser excluidos del mismo siempre que hayan efectuado el pago íntegro de las deudas y sanciones tributarias que hubieran motivado su incorporación en la lista.
  • Por lo que respecta a la autorización judicial para entrar en el domicilio de obligados tributarios y facultades de la inspección en la entrada en fincas, locales de negocio, etc. se aclara el régimen procedimental y procesal, determinando que la Administración Tributaria podrá personarse en las oficinas de los obligados tributarios cuando exista alguna prueba de la obligación tributaria iniciándose el procedimiento inspector mediante dicha personación. Además, se establece que la solicitud de autorización judicial para la ejecución del acuerdo de entrada en el domicilio del obligado tributario deberá estar motivada y justificar la finalidad, proporcionalidad y necesidad de la entrada.
  • Se añade un supuesto de suspensión del cómputo del plazo de las actuaciones inspectoras durante la aplicación de ciertos instrumentos dirigidos a facilitar la cooperación de las Administraciones tributarias del Estado y las correspondientes a los territorios forales en el ejercicio de dichas actuaciones.
  • En la tramitación de las actas de disconformidad, se elimina el carácter obligatorio del informe de disconformidad.
  • De cara a evitar el uso inapropiado de las solicitudes reiteradas de aplazamiento, fraccionamiento, compensación, suspensión o pago en especie cuyo periodo de tramitación se suspende provisionalmente el periodo ejecutivo, se establece que la reiteración de solicitudes en aquellos casos en los que las solicitudes previas fueron denegadas y no se produjo el ingreso, no impiden el inicio del periodo ejecutivo.
  • En cuanto al régimen de reducciones aplicables a sanciones, se incrementa la reducción de las sanciones derivadas de actas con acuerdo al 65% (antes 50%) y la reducción de las sanciones por pronto pago al 40% (antes 25%). Por lo que respecta a la reducción por conformidad, se mantiene en el 30%. Al respecto, incorpora un régimen transitorio que dispone que dichos cambios se aplicarán a sanciones acordadas con anterioridad a la entrada en vigor siempre que no hayan sido recurridos ni hubieran adquirido firmeza. Además, en relación con la reducción de las sanciones por pronto pago al 40%, es necesario que el interesado acredite ante la Administración Tributaria el desistimiento del recurso o reclamación frente a la liquidación de la que derive la sanción y en el plazo del artículo 62.2 de la LGT se efectúe el ingreso del importe restante de la sanción.
  • Se incrementa a 600 euros la sanción mínima en caso de presentación incompleta, inexacta, con datos falsos o la falta de presentación de declaraciones exigidas por la regulación aduanera.
  • Se pasa de tres a seis meses el plazo máximo para iniciar el procedimiento sancionador incoado a partir de liquidaciones o resoluciones dictadas en procedimientos iniciados mediante declaración, de verificación de datos, comprobación o inspección, en coherencia con el plazo general de resolución de procedimientos tributarios.
  • En aquellos supuestos en los que de la documentación aportada al expediente se concluya que no se cumplen los requisitos para conceder la solicitud, se proporciona un mecanismo legal a la opción de inadmitir las solicitudes de suspensión con dispensa total o parcial de garantías por los Tribunales Económico-Administrativos.
  • En consonancia con la jurisprudencia comunitaria, se prohíben las ayudas estatales según el ordenamiento comunitario a quienes hubieran recibido ayudas estatales de Estado declaradas ilegales e incompatibles con el mercado interior, con una orden de recuperación pendiente como consecuencia de una decisión de la Comisión, hasta que dichas ayudas no hayan sido objeto de reembolso.
  • Se modifica el régimen de revocación del número de identificación fiscal (“NIF”) en relación con entidades inactivas cuyo NIF haya sido revocado. En particular, no podrán realizar inscripciones en ningún registro público, ni otorgar escrituras ante Notario. No obstante, si podrán realizar los trámites necesarios para cancelar la correspondiente nota marginal.
  • Se incorpora la obligación de informar relativa a las monedas virtuales situadas en el extranjero (por medio del modelo 720) y la correspondiente sanción en caso de incumplimiento de dicha obligación. La sanción consistirá en:
    1. Multa pecuniaria fija de 5.000 euros por dato o conjunto de datos referidos a cada moneda virtual que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.
    2. Multa pecuniaria fija de 100 euros, con un mínimo de 1.500 euros, por cada dato o conjunto de datos relativos a cada moneda cuando la declaración se presente fuera de plazo sin requerimiento previo por parte de la Administración tributaria.
  • Se amplía a un periodo no inferior a cinco años (antes era cuatro) desde que finalice el periodo en el que la institución financiera debió comunicar la información, el periodo de conservación por dichas instituciones de las pruebas documentales de las declaraciones que resulten exigibles a personas que ostenten la titularidad o el control de cuentas financieras y demás información empleada en obligaciones de información y diligencia debida, desde que finalice el periodo en el que la institución financiera debió comunicar la información.
  • Se modifica el Real Decreto-ley, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. En particular, limitan los efectos de la suspensión del cómputo de los plazos de prescripción de derechos regulados en la norma tributaria debidos a la declaración de estado de alarma a aquellos plazos que, sin tener en cuenta la suspensión, finalicen antes del 1 de julio de 2021. Adicionalmente, se amplía en un mes el plazo de suspensión de los prescripción y caducidad, es decir, del 14 de marzo al 31 de mayo de 2020 (previamente se limitaba al 30 de abril de 2020).
  • Modificación de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude:
    1. Se disminuye de 2.500 a 1.000 euros el importe máximo permitido para pagos en efectivo cuando una de las partes actúe como empresario o profesional.
    2. Se reduce el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros para pagos realizados por particulares con domicilio fiscal fuera de España que no actúen como empresarios o profesionales.
    3. Se modifica la regulación del procedimiento sancionador del régimen de limitaciones de pago en efectivo. Entre otras cuestiones, se incorpora una reducción del 50% de la sanción para supuestos de pago en cualquier momento posterior a la propuesta de sanción, pero con anterioridad a la notificación de la resolución definitiva y se establece un plazo máximo de seis meses para notificar la resolución expresa.

2) Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (“LIS”): entre las principales modificaciones de la LIS, conviene señalar las siguientes:

  • Artículo 19 relativo a la imposición de salida de entidades residentes que se trasladen del territorio español. La modificación tiene efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2021 y establece un régimen de fraccionamiento del pago de la deuda en cinco partes iguales, delimitando una normativa específica a la que puede optar el contribuyente.
  • En relación con las sociedades de inversión de capital variable (“SICAV”), se establecen requisitos adicionales a efectos de poder aplicar el tipo de gravamen del 1%. Como consecuencia de la modificación introducida, con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2022, se precisa que a los efectos de aplicar el tipo de gravamen reducido del 1% en relación con el número mínimo de inversoras, se atenderá a los siguientes criterios:
    1. Se computarán únicamente aquellos accionistas cuyo valor liquidativo en la fecha de adquisición de las acciones sea igual o superior a 2.500 euros. En caso de SICAV por compartimentos, para establecer número mínimo de accionistas por compartimento se computarán únicamente aquellos que sean titulares de acciones por valor igual o superior a 12.500 euros.
    2. Se deberá cumplir el número mínimo de accionistas el número de días que represente al menos tres cuartas partes del periodo impositivo.
    3. Finalmente, dispone el artículo que la Administración Tributaria podrá comprobar el número de accionistas, para lo que la sociedad deberá mantener durante el periodo de prescripción los datos relativos a la inversión de los socios en la misma.
    4. Además, se establece un régimen transitorio relativo a su disolución y liquidación.
  • Por lo que respecta al artículo 36 de la LIS, relativo a la deducción en las producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos y obras audiovisuales, se modifica estableciendo nuevos requisitos con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2021.
  • Transparencia Fiscal Internacional (“TFI”): entre las principales novedades, con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2021, se establece:
    1. Que la imputación bajo el régimen de la TFI procederá asimismo cuando las rentas sean obtenidas a través de un EP siempre que se de la circunstancia prevista en el artículo 100.1.b) de la LIS, realizándose en el periodo impositivo en el que se obtengan las rentas.
    2. Se incorporan dos supuestos adicionales de fuentes de rentas imputables en el artículo 22 apartado 3: g) actividades de seguros, crediticias, operaciones de arrendamiento financiero y otras actividades financieras salvo que se trate de rentas obtenidas en el ejercicio de actividades económicas y h) Operaciones sobre bienes y servicios realizadas con entidades o personas vinculadas (artículo 18 LIS) en las que la entidad no residente o EP no añade valor económico.
    3. Se elimina la exclusión de rentas derivadas de participaciones cualificadas en entidades.
    4. Se modifica el límite en función del cual se incluye la renta positiva derivada de actividades financieras, crediticias, aseguradoras o de prestación de servicios realizadas con partes vinculadas residentes en España, que comporten gastos fiscalmente deducibles en dichas personas o entidades residentes. Al respecto, no se integrará dicha renta cuando al menos dos tercios (antes se exigía la mitad) de los ingresos derivados de actividades realizadas por la entidad no residente procedan de operaciones efectuadas con entidades vinculadas.
  • Se modifican algunos artículos de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, que regula las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (“SOCIMIS”) con efectos para los periodos que se inicien a partir del 1 de enero de 2021. En particular:
    1. Se introduce un nuevo gravamen especial del 15% sobre los beneficios del ejercicio no distribuidos, en la parte que proceda de las rentas que no hayan sido objeto de gravamen al tipo general del IS ni se trate de rentas acogidas al periodo de reinversión (artículo 6.1.b) de la Ley 11/2009.
    2. Se modifica el artículo 1 relativo a las obligaciones de información de las SOCIMIS, para recoger la información que deben incluir en la memoria.

3) Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (“TRLIRNR”), aprobada por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo:

  • Se modifica el artículo 9.4 que regula la responsabilidad solidaria que especifica que serán aquellos designados por el contribuyente en cumplimiento del artículo 10.1, cuando operen por mediación de un establecimiento permanente (“EP”) o en supuestos de entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español.
  • En supuestos en los que sea obligatorio el nombramiento de representante, se introducen una serie de puntualizaciones:
    1. No tiene que ser residente en otro Estado miembro de la UE.
    2. No es aplicable la obligación de nombrar representante en caso de Estados que formen parte del Espacio Económico Europeo (“EEE”) que no sean parte de la UE cuando exista normativa sobre asistencia mutua en materia de intercambio de información tributaria.
    3. En supuestos de requerimiento por parte de la Administración Tributaria se exige cuantía y características (antes era una de ambas) de la renta obtenida y se añade el supuesto de que se pueda requerir la posesión de un inmueble.
  • Se incorpora un tercer supuesto de generación de impuesto de salida (exit tax) aplicable a supuestos en los que los elementos patrimoniales estén afectos a un EP situado en territorio español que traslada su actividad al extranjero. Del mismo modo que en el IS, se mantiene la posibilidad de aplazar o fraccionar la deuda cuando el traslado tenga lugar la UE o al EEE por quintas partes anuales proporcionales. Como en el IS, se mantiene la posibilidad de aplazar o fraccionar la deuda cuando el traslado o transferencia se efectúe a la UE o al EEE, por quintas partes anuales idénticas.

4) Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal: Jurisdicciones no cooperativas.

  • Se incorpora la categoría de jurisdicciones no cooperativas, indicando la que las referencias efectuadas en la normativa a paraísos fiscales, a países o territorios con los que no exista efectivo intercambio de información, o de nula o baja tributación, se entenderán referidas al concepto de jurisdicción no cooperativa.
  • Por medio de Orden Ministerial se establecerán los países y territorios que se califiquen como jurisdicciones no cooperativas. Sin perjuicio de lo anterior, hasta que no se publique dicha Orden, tendrán dicha consideración los países o territorios previstos en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio.
  • Entre otras cuestiones, se amplían los criterios que deberán considerarse para actualizar los países y territorio que entren dentro del término jurisdicción no cooperativa, que serán:
    1. En términos de transparencia fiscal internacional: (i) la existencia con dicho territorio de normativa sobre asistencia mutua en materia de intercambio de información tributaria conforme a la LGT; (ii) el cumplimiento de un efectivo intercambio de información tributaria con España; (iii) el resultado de evaluaciones inter pares realizadas por el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales; (iv) el efectivo intercambio de información relativa al titular real, definido en los términos de la normativa española en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
    2. Que faciliten la existencia de instrumentos o de sociedades extraterritoriales, dirigidos a la atracción de beneficios que no reflejen una actividad económica real en dichos países o territorios.
    3. La existencia de baja o nula tributación, entendiéndose como el país o territorio que aplique un nivel impositivo efectivo considerablemente inferior, incluido el tipo cero, al exigido en España en un impuesto idéntico o análogo al IRPF, al IS o al IRNR.
  • Añade, en relación con los regímenes fiscales perjudiciales que tienen la consideración de jurisdicciones no cooperativas, que la relación se podrá actualizar atendiendo a los criterios del Código de Conducta en materia de Fiscalidad Empresarial de la UE o del Foro de Regímenes Fiscales Perjudiciales de la OCDE.
  • Finaliza indicando que, en relación con aquellos países o territorios que tengan la consideración de jurisdicciones no cooperativas, con los que España tenga suscrito un convenio para evitar la doble imposición que se encuentre vigente, la normativa tributaria relacionada con las jurisdicciones no cooperativas resultará también de aplicación, en la medida en que no sea contraria a las disposiciones del citado convenio.

5) Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (“LIRPF”), y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:

  • A raíz de las modificaciones normativas aplicables a las aseguradoras, con efectos desde el 11 de julio de 2021, se actualiza la regla especial de imputación temporal relativa a los rendimientos de capital mobiliario procedentes de los seguros unit linked (imputación, como rendimientos de capital mobiliario, por la diferencia entre el valor liquidativo de los activos afectos a la póliza final y la inicio del periodo impositivo), adaptando los requisitos exigibles para que no les resulte de aplicación esta regla especial de imputación temporal.
  • En cuanto a la reducción por el arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, como consecuencia de las diversas interpretaciones por la Administración y Tribunales, se aclara la expresión de “rendimientos declarados por el contribuyente”, especificando que la reducción sólo resultará aplicable sobre los rendimientos netos positivos que hayan sido calculados por el contribuyente en una autoliquidación presentada antes de que se haya iniciado un procedimiento de verificación de datos, de comprobación limitada o de inspección que incluya en su objeto la comprobación de tales rendimientos.
  • Se modifica el artículo 36, que establece que en las adquisiciones lucrativas por causa de muerte derivadas de contratos o pactos sucesorios con efectos de presente, el beneficiario de los mismos que transmitiera, antes del transcurso de cinco años desde la celebración del pacto sucesorio o del fallecimiento del causante, si fuera anterior, los bienes adquiridos, se subrogará en la posición de este, respecto al valor y fecha de adquisición de aquellos, cuando dicho valor fuera inferior al correspondiente al impuesto sobre sucesiones y donaciones.
  • Se adapta el régimen de transparencia fiscal internacional al previsto en el artículo 100 de la LIS.
  • Con efectos desde el 1 de enero de 2022, se homogeneiza el tratamiento de inversiones en determinadas instituciones de inversión colectiva (“IIC”), al margen del mercado en el que coticen, nacional o extranjero, extendiendo a las IIC que coticen en bolsa extranjera el tratamiento de las que cotizan en bolsa española en relación con la no aplicabilidad del régimen de diferimiento, añadiendo a su vez un régimen transitorio aplicable a aquellas participaciones adquiridas con anterioridad al 1 de enero de 2022.
  • Se añaden obligaciones de información aplicables a monedas virtuales.

6) Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (“LISyD”) y texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre (“TRLITPAJD”)

  • En ambos impuestos, se sustituye la polémica referencia al “valor real”, empleada a efectos de determinar la base imponible, por el término “valor”, que equipara al valor de mercado. Al respecto, se considera como valor de mercado el precio más probable por el que se vendería un bien libre de cargas entre partes independientes. Además, en relación con los bienes inmuebles, su valor será el valor de referencia previsto en la normativa reguladora del catastro inmobiliario en la fecha de devengo del impuesto. No obstante, se contemplan dos excepciones:
    1. En el ISD, cuando el valor declarado sea superior a su valor de referencia, se tomará como base imponible la mayor de dichas magnitudes.
    2. En el ITPAJD cuando el valor declarado o el precio pactado sea superior al valor de referencia, se tomará como base imponible la mayor de dichas magnitudes.
  • En caso de no disponer de valor de referencia, o si no pudiera ser certificado por la Dirección General del Catastro, la base imponible será:
    1. En el ISD la mayor entre el valor de mercado y el valor declarado.
    2. En el ITPAJD la mayor entre el precio o la contraprestación, el valor de mercado o el valor declarado.
  • Se modifica el artículo 314 de la Ley Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre con el objeto de eliminar las referencias al concepto del valor real en relación con la valoración de bienes inmuebles.

7) Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio (“LIP”): se modifican las siguientes cuestiones:

  • Se incorpora la referencia al valor determinado por la Administración a efectos de otros tributos de cara a valorar un inmueble.
  • En cuanto a los seguros de vida en los que el tomador no disponga la facultad de ejercer el derecho de rescate total en la fecha de devengo del impuesto, la nueva norma indica que deberá computar el tomador en su base imponible el valor de la provisión matemática en la citada fecha. Sin embargo, no aplicará lo anterior a los contratos de seguro temporales que únicamente establezcan prestaciones en caso de fallecimiento o invalidez o bien garantías complementarias de riesgo.

8) Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (“LIVA”) y Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias:

  • Se actualiza la figura de responsable subsidiario del impuesto, añadiendo a las personas o entidades que actúen en nombre y por cuenta del importador (eliminando la referencia a los “agentes de aduanas” y “comitentes”).
  • Se amplía el supuesto de responsabilidad subsidiario del pago de la deuda.
  • Se modifica el alcance de los incumplimientos de las obligaciones previstas en el régimen especial del grupo de entidades (“REGE”). En particular, establece que la entidad dominante será el sujeto infractor de los incumplimientos de obligaciones derivadas:
    1. Del ingreso de la deuda tributaria.
    2. De la solicitud de compensación o devolución de la declaración agregada.
    3. De la veracidad y exactitud de los importes y calificaciones consignadas por las entidades dependientes que se integran en la declaración agregada.
  • En el Impuesto General Indirecto Canario (“IGIC”) se incorporan las modificaciones incluidas en el IVA en materia de responsabilidad tributaria en el ámbito de las liquidaciones aduaneras.
  • Por lo que respecta al Régimen Económico Fiscal de Canarias, se incorpora una sanción para el retraso en la llevanza electrónica de libros registro. Se trata de una multa pecuniaria del 0,5% del importe de la factura objeto de registro, con un mínimo trimestral de 300 euros y un máximo de 6.000 euros.

9) Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales (“LIIEE”) y Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:

  • En el Impuesto sobre Actividades Económicas (“IAE”) se actualiza la calificación de grupo de sociedades, aclarando que la regla a efectos del cálculo del importe neto de la cifra de negocios se deberá aplicar con independencia de la obligación de consolidación contable para evitar que no se aplique la regla de acumulación de los importes netos de la cifra de negocios correspondientes a las entidades del grupo.
  • En relación con los Impuestos Especiales de fabricación, se modifica el término de depósito fiscal, definiéndolo como el establecimiento o la red de oleoductos o gaseoductos donde, en virtud de la autorización concedida y con cumplimiento de las condiciones y requisitos que se establezcan reglamentariamente, se almacenen, reciban, expidan y, en su caso, se transformen en régimen suspensivo productos objeto de los impuestos especiales de fabricación.
  • Se incluye como supuesto de infracción grave la existencia de diferencias en menos de materias primas, productos de en curso de fabricación o productos terminado en fábricas y depósitos fiscales que excedan de los porcentajes previstos reglamentariamente que se pongan de manifiesto como consecuencia de recuentos realizados por la Administración, consistiendo la sanción en una multa pecuniaria del 50% de la cuota del Impuesto Especial que correspondería abonar por las diferencias identificadas.